Por Fernando Casasco (Publicado en El Barrio Villa Pueyrredón, Diciembre 2012)
La convocatoria fue un gran éxito. La campaña divulgada por redes sociales y correos electrónicos, impulsada por grupos de "ciudadanos independientes" orgánica o inorgánicamente relacionados con partidos de la oposición, y por último - pero no menos importante - fogoneada en forma incesante por grandes medios y connotados comunicadores, logró reunir el 8 de noviembre (#8N, según su sigla convocante en Facebook y Twitter) cientos de miles de personas en el Obelisco y Plaza de Mayo en una gran protesta contra el Gobierno nacional.
Las consignas otra vez volvieron a ser variadas, como conviene a una convocatoria lo más multitudinaria posible: «Seguridad», «Basta de corrupción», «No a la reforma de la Constitución», «Prensa libre», "Basta de inflación", «La Fragata es nuestra, no tuya», "Gracias chicos de Harvard, fueron nuestras voces", "Cristina devolvé el país", etc.
Los organizadores y muchas concurrentes se esforzaron por rechazar que se los tilde de golpistas o destituyentes o de que las marchas sólo eran convocadas por las restricciones a las compras de dólares. Sin embargo, no pudieron evitar que se colaran carteles que pedían la renuncia de la Presidenta o la caricaturizaban con una horca al cuello. También se repitieron expresiones de caceroleros indignados porque les dan planes "a los vagos" con los impuestos que paga la clase media. Y varios trabajadores de prensa sufrieron agresiones, pese a que se insistía con lo "pacífico" de la protesta.
Es evidente que un fermento de bronca hacia el Gobierno nacional se incuba desde hace muchos años - en algunos desde 2003 a la fecha - en ciertos sectores de clase media urbana. Resabios del tradicional "gorilismo" confluyen con posturas liberales, conservadoras o netamente fascistas que rechazan políticas concretas de la actual administración en materia económica, social o de derechos humanos.
Pero otras posiciones tienen que ver con supuestos desgajamientos del bloque oficialista. En ese marco se inserta también el paro general del pasado 20 de noviembre (o #20N), convocado por el sector opositor de la CGT liderado por el camionero Hugo Moyano, y por la rama disidente de la CTA, de Pablo Micheli, en reclamo de la modificación del impuesto a las ganancias (que cada vez afecta a más trabajadores registrados) y asignaciones familiares para todos los asalariados.
La medida de fuerza de alto impacto, se sintió especialmente en la Capital Federal, con paro de ferrocarriles y piquetes en los accesos a la ciudad. El Gobierno nacional respondió con un paliativo: eximió del pago de ganancias a la segunda cuota del aguinaldo y anunció que se analizará para el año próximo un nuevo mínimo no imponible.
¿Con Néstor estábamos mejor?
El paro de Moyano, junto a sectores de clase media que votaron por el oficialismo y se ven "desencantados", marcan un nuevo panorama. Lentamente, fogoneado desde medios concentrados, va comenzando a dibujarse en la escena un fantasma, un nuevo mito de la política argentina contemporánea: "Cristina no es Néstor", junto a sus sucedáneos, "Cristina traicionó el proyecto de Néstor" o "Esto no hubiera ocurrido en vida de Néstor".
Este engendro comunicativo plantea contraponer la presidencia de Kirchner de 2003 a 2007, con los dos mandatos de su esposa. Sus ideólogos son quienes pretenden volver a recomponer una alianza entre el capital y el trabajo que asegure un crecimiento moderado, pero sin profundizar en una distribución del ingreso más equitativa ni en medidas a favor de un Estado más fuerte, sino simplemente "emprolijar" el modelo para seducir inversores y garantizar las mejoras en la calidad de vida de los sectores medios y altos (vía exención o reducción del impuesto a las Ganancias, baja de las retenciones agrícolas, por ejemplo), en detrimento de los más postergados.
Asimismo, plantean reducir el gasto público (agua potable, cloacas, rutas, escuelas, hospitales, entrega de netbooks, nuevos jubilados, Asignación Universal por Hijo) y volver a los superávit paralelos de la canasta comercial y de la caja fiscal.
En cuanto a la deuda, proponen terminar con la política de "vivir con lo nuestro" y acceder al mercado internacional de capitales, retornando a la rueda de pagar la actual deuda con deuda nueva. Por supuesto, ello implicaría arribar a un acuerdo con el Club de Paris y con los fondos buitres que demandan internacionalmente al país, y atenerse a las "revisiones" periódicas del Fondo Monetario Internacional.
De paso, se sumarían otros reclamos de sectores de poder corporativos como el cierre del juzgamiento a los genocidas de la última dictadura, la liberación del mercado cambiario y la derogación de la Ley de Medios.
Llegados a este punto, es evidente - por más que los organizadores insistan en desmentirlo - que las recientes oleadas de protesta coinciden con dos temas nuevos en la agenda pública nacional: el denominado "cepo" a la compra de dólares y la proximidad de la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Del dólar a Clarín
Evidentemente, el "Trastorno Obsesivo Compulsivo por el dólar" de los argentinos - como lo denomina el periodista Alfredo Zaiat - ha generado que ciertos factores patológicos colectivos afloraran en los últimos meses, tras las trabas impuestas por el gobierno a la compra del verde billete.
Puntualiza Zaiat en su último libro "Economía a Contramano" que se trata de una cuestión cultural: en Brasil, cada persona solo tiene en promedio 6 dólares en billetes, mientras que en Argentina se supera los 2000 dólares per cápita. En el periodo 2007-2011, las ventas totales de dólares al sector privado sumaron más de 79 mil millones de la moneda estadounidense.
Hoy, en un clima de incertidumbre económica global, con ventas al exterior que se contraen y potencias económicas que buscan trasladar a los países emergentes sus crisis, el Gobierno nacional afirma que debió adoptar medidas - comunicadas de pésima manera - de sostenimiento del valor de la moneda y de atesoramiento de divisas para cumplir con los compromisos externos, pagar importaciones y afrontar los requerimientos de los argentinos que felizmente pueden veranear en el exterior.
El otro punto en disputa es el que debe resolverse en momentos en que este periódico llega a sus manos y sobre el cual es difícil hacer futurología: la exigencia de que los grupos concentrados de medios de comunicación se adecuen a lo establecido por la ley sancionada por el Congreso Nacional.
Durante los últimos tres años el Grupo Clarín fue el más férreo opositor a la norma y quien logró paralizar su aplicación plena mediante una medida cautelar en una causa sospechada de estar amañada. Pero fue la Corte Suprema de Justicia, y no el Poder Ejecutivo, la que le puso un límite a ese amparo, el cual venció el 7 de diciembre o #7D como lo popularizaron los spots oficiales.
A partir de aquí, con o sin fallo definitivo, comienza a correr el plazo para la transferencia de oficio de las licencias que excedan el límite de 24 a nivel nacional habilitadas por la ley (Clarín posee 237 en todo el país)
El Gobierno insiste en que busca desmonopolizar la comunicación, mientras que Clarín denuncia persecución y cercenamiento de la libertad de expresión. Una libertad que no siempre parece defender, como cuando denunció a periodistas de distintos medios por "apología de la violencia". Fue tal el papelón, que los abogados del grupo debieron dar marcha atrás con su presentación. Mientras tanto, el grupo comandado por Héctor Magnetto trata de golpear sobre todos los flancos que pueda ofrecerle un gobierno que cae repetidamente en la tentación de caminar sobre el filo de la navaja.
Pasaron el #8N, el #7D. Pero esta historia continuará.
